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Perú

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Entre 250 y 400 permisos y autorizaciones sectoriales son necesarios en ese país para poner en marcha las iniciativas, asegura una importante firma legal.

Viernes 18 de Julio de 2014.- Entre 250 a y 400 permisos y autorizaciones sectoriales son necesarios en Perú para poner en marcha un proyecto minero, según un reciente estudio del bufet  Rodrigo, Elías & Medrano. Lo anterior obliga a los inversionistas a “contratar más abogados, que ingenieros para concretar ese tipo de empresas”, divulgó el Diario Gestión

Así lo observó , al que refiere Gestión. 


La intención del Gobierno de Perú de formalizar a los pequeños mineros en situación de irregularidad sería uno de los principales problemas en este sentido, dicen en la firma. Y lo que se plantea es introducir cambios en los enfoques de la regulación, en los términos de referencia para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, y en algunos procedimientos administrativos.


Francisco Tong, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, que advirtió que mencionado bufet, señaló a Gestión que las empresas mineras deben contratar un ejército de abogados y demorar cada vez más abogados, y que demoran varios años en trámites, por un excesivo control de la administración pública y rigidez en la normativa, particularmente a éste sector productivo.

Puso como ejemplo que si bien la minería consume sólo el 2% del agua, y el agro consume un 80% de ese recurso natural, a proyectos de ésta última actividad le toma mucho menos tiempo conseguir permisos, que a la minería, y tramitar esto le toma años.

En tal sentido, remarcó que no existe tramitar las iniciativas por la normativa que regula los proyectos y el control de los servicios públicos.


Tong cuestionó que esta industria demore más tiempo en conseguir las autorizaciones que otros sectores, como por ejemplo la agricultura. No hay uniformidad en la aplicación de las normas, y : más aún, existe falta de poca predictibilidad en los procedimientos, que son poco definidos y arbitrarios, que hacen todo un reto hacer minería en Perú.

Frente a esto, se preguntó cómo el Gobierno puede pretender formalizar a los pequeños mineros, por lo que planteó cambios en los enfoques de la regulación, modificar los términos de referencia para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, y reformar los textos únicos de procedimientos administrativos.

Gestión

porque no estarán bien definidos, o porque dan espacio a determinaciones arbitrarias; comentó en la publicación.



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