Perú y Doe Run continúan evaluando sobre qué marco jurídico resolverán controversia

Perú

12 de Julio de 2011.- El gobierno peruano y la minera estadounidense Doe Run continúan evaluando sobre qué marco jurídico resolverán la controversia por el vencimiento del plazo que tenía la compañía para reiniciar sus operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya, manifestó el embajador de Perú en Washington, Luis Valdivieso.

Cabe señalar que el 27 de julio del 2010 venció el plazo de diez meses que estableció una ley del Congreso de la República para que Doe Run reinicie sus operaciones en La Oroya (Junín) y se comprometa financieramente a culminar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

“Hay una comisión que se encarga de las discusiones con Doe Run que están a nivel legal. Este no es un problema político sino legal y lo estamos tratando por la vía legal, la embajada simplemente hace el seguimiento estricto de lo que está pasando, informando a Lima para que la comisión se encargue del caso”, señaló.

Afirmó que Renco Group ha puesto en marcha un “impresionante” lobby en el Congreso de Estados Unidos para proteger los intereses de su filial Doe Run Perú, la cual se encuentra en un proceso concursal en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el que los acreedores decidirán su reestructuración o liquidación.

Dijo que a fines de marzo la embajada peruana en Washington comunicó al gobierno sobre las acciones de esta empresa y la contratación de personajes y compañías lobbistas para lograr que el Capitolio presione a la Casa Blanca y exija a Perú que el caso de Doe Run vaya a un proceso de arbitraje en aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral.

“Esta empresa ha hecho una campaña increíble entre los congresistas, así como lo ha hecho en Lima a través de artículos y notas de prensa, allá también lo ha hecho con los congresistas”, refirió Valdivieso.

Sostuvo que apenas la embajada tomó conocimiento de esto, envió una carta al Congreso de Estados Unidos informando a los parlamentarios que Perú iría por la vía legal con el marco jurídico vigente.

“Estamos definiendo cuál es el ámbito apropiado para resolver esta controversia, eso no lo resuelve el Congreso estadounidense. Por más que se vayan a quejar donde quieran en ese país, este tema no es competencia de ese Congreso”, precisó.

Renco Group presentó una demanda en contra del Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) pidiendo una indemnización de 800 millones de dólares.

Cabe señalar que Doe Run Perú incumplió las obligaciones establecidas en la ley que le otorgó un plazo de diez meses para reanudar las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya.

Ese mismo plazo se dio a la empresa para la acreditación del financiamiento del proyecto Planta de Acido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre, incluido en el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y tampoco fue cumplido por Doe Run por lo que el gobierno optó por cerrar la empresa (Andina).

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