Con US$360 Millones Minería Pyme Solucionaría Problemas de Seguridad

Chile

30 de Agosto de 2010.- Este impuesto se perfila como la primera fuente de recursos que demandan los pequeños mineros para terminar con las malas condiciones en que trabajan.

A raíz del accidente que mantiene atrapados a 33 mineros en el yacimiento San José, al norte del país, salió a la discusión pública un tema poco conocido y complejo: la fiscalización. Pese a que la minería posee el índice de accidentabilidad más bajo de todos los sectores productivos del país (1,8% frente al 7,9% de Transportes y Telecomunicaciones a junio 2010), han quedado al descubierto la descoordinación y los escasos recursos –a nivel nacional– de las distintas entidades encargadas de fiscalizar a las faenas mineras, lo que ha significado la salida de las máximas autoridades del Sernageomin, la reformulación de este desprestigiado organismo y la creación de una Superintendencia de Minería, entre otras medidas (ver recuadro página 27).

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, también propuso reactivar la discusión sobre la modificación al royalty minero, con el fin de recaudar mayores recursos para el Estado y llevar a cabo todas las reformas necesarias, y a la vez, dar mayor estabilidad a las crecientes inversiones mineras. El Consejo Minero ha destacado que "el impuesto específico a la minería ha reportado al Estado US$3.079 millones desde 2005, de los cuales sólo se ha imputado US$516,3 millones para el fin que se ha establecido debe utilizarse (innovación), correspondientes al 16,7% del total, quedando un remanente de US$2.562,7 millones".

REALIDAD PYME

La pequeña minería aporta alrededor de 100 mil toneladas anuales y está formada por productores dueños de minas (60%) y arrendatarios (40%), enfocándose principalmente en la extracción de cobre (84,6%) y oro (15,4%). La participación que ésta tiene en el PIB nacional es de 1,2% aproximadamente, el cual puede parecer menor, sin embargo, sus exportaciones en conjunto con la mediana minería alcanzan US$2.400 millones, sólo bajo la industria celulosa y papel que registra US$2.600 millones anuales.

La mediana minería agrupa a 35 empresas, que emplean a 10.000 trabajadores aproximadamente, de las cuales 18 venden su mineral a la Empresa Nacional de Minería (Enami), que en el caso de la pequeña minería alcanza el 100% de las faenas.

Gracias al buen precio promedio proyectado para el cobre –sobre los US$3 la libra a 2011– y el incremento de la producción en 1,8% en los primeros cinco meses de 2010 respecto a 2009 (según Cochilco), las Pymes mineras comenzaron un alza en la apertura de nuevos yacimientos, llegando en la actualidad a un total de 4.000, superando ampliamente los 1.336 registrados en 2009, luego de la crisis financiera que llevó a los pequeños productores a cerrar gran cantidad de faenas.

ACCIDENTES Y FISCALIZACIÓN

Según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), desde el 1º de enero de este año, hasta el pasado 21 de agosto, 32 trabajadores fallecieron en 29 accidentes en las minas chilenas, siendo las regiones de Atacama, Antofagasta y Coquimbo las que más muertes registraron. Estas cifras convierten a la minería en uno de los cuatro sectores con mayor tasa de mortalidad. Las principales causas de accidente son el planchón (derrumbes), aprisionamiento y caída desde la altura.

En tanto, la mayor cantidad de accidentes se da –según distribución por rango de edad– entre los 45 a 50 años, seguido del segmento entre 26 a 30 años, que según Martin Fruns, gerente de Prevención de la Asociación Chilena de Seguridad “puede deberse a que son el segmento que algo de experiencia tiene y puede sentir exceso de confianza y corre más riesgos”.

El rol fiscalizador, en el caso de la minería, está en manos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección del Trabajo y el Servicio Nacional de Salud. Todas estas entidades se rigen según el Reglamento de Seguridad Minera consagrado en el Decreto Supremo N° 72, de la ley, el cual fue modificado por el decreto Nº 132.

Este último, establece que se debe “proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en dicha Industria y de aquéllas que bajo circunstancias específicas y definidas están ligadas a ella” y, además, “proteger las instalaciones e infraestructuras que hacen posible las operaciones mineras y, por ende, la continuidad de sus procesos”.

Autoridades de Gobierno, mutuales y sindicatos coinciden en que el principal problema no es el cómo se desarrollan los procedimientos de fiscalización, sino la excesiva anarquía y descoordinación que tienen los estamentos entre ellos y entre sí mismos. “Un trabajador que se enferma, puede registrarse en dos regiones simultáneamente y recibir beneficios de ambas sin que nadie se entere”, indicó Jorge Díaz, director de la Región de Atacama de la ACHS.

Ante esta problemática, el Gobierno creará la Superintendencia de Minería, que autorizará los planes de exploración y explotación minera, fiscalizará la seguridad (incluyendo las sanciones a infractores) y se encargará de las mensuras, registro de propiedad minera y otras estadísticas asociadas.

Otra problemática es la escasez de fiscalizadores, según Víctor Quijada, presidente del Sindicato Nacional de la ACHS, “se le asignan hasta 40 empresas a un solo prevencionista”.

SOLUCIONES

Según indicó Marta Olivares, presidenta de la Asociación Minera de Salamanca, para mejorar la seguridad “la inversión inicial por yacimiento bordearía los $40 millones en promedio. De esa manera este sector podría cumplir estrictamente las normas solicitadas por los distintos organismos”.

De este modo, se necesitarían $160 mil millones para las 4.000 faenas, equivalentes a US$ 21 millones, vale decir, que significarían un 64% de la recaudación anual del royalty (US$500 millones). Al respecto, tanto los presidentes de las asociaciones de Taltal, Salamanca como de Copiapó, piden que se debiera inyectar mayores recursos a través de este impuesto específico (Estrategia).

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